Bureau of Prisons: Improved Planning Would Help BOP Evaluate and Manage Its Portfolio of Drug Education and Treatment Programs. Accessible Version. Report to Congressional Requesters. GAO-20-423

Informe de la Oficina de Responsabilidad del Gobierno (GAO) de mayo de 2020 que examina los programas de educación y tratamiento de drogas del Servicio Penitenciario Federal de Estados Unidos (BOP). El estudio describe seis programas dirigidos a aproximadamente 175 000 reclusos federales, de los cuales cerca del 20 % tiene un trastorno por uso de sustancias. De fiscal 2015 a 2019, BOP gastó aproximadamente 584 millones de dólares. En fiscal 2019 implementó un nuevo programa de tratamiento asistido con medicamentos (TAM) para trastorno por opioides, que combina terapia cognitivo-conductual con naltrexona, buprenorfina y metadona. El informe concluye que BOP carece de elementos de planificación clave para expandir el TAM, de un plan evaluativo implementado para sus programas de tratamiento y de un marco de gestión de su cartera programática, lo que expone el riesgo de continuar programas inefectivos y mal uso de recursos.

Puntos clave

• El BOP proporciona un programa de educación en drogas y cinco programas de tratamiento, siendo el Programa Residencial de Abuso de Drogas el más intensivo y el TAM el más reciente e innovador.
• BOP planifica expandir su programa de TAM nacionalmente con una inversión estimada de 76,2 millones de dólares en fiscal 2020-2021, pero carece de documentación sobre métodos de personal, reclutamiento, plazos y metas de hitos.
• El plan de evaluación de programas de tratamiento existente de BOP no ha sido implementado e omite programas clave incluido TAM, dejando sin evidencia de efectividad.
• BOP no dispone de un marco de gestión de cartera que permita al liderazgo tomar decisiones informadas sobre el uso de recursos en su portafolio expandido de programas.

Para quién: Útil para responsables de políticas penitenciarias, gestores de programas de tratamiento de drogas en sistemas de justicia, profesionales de salud mental en cárceles y estudiantes de políticas públicas y criminología que analicen intervenciones de drogas en poblaciones carcelarias.